Un adolescente de 15 años del partido de Quilmes quedó bajo investigación judicial después de que una alerta generada en Estados Unidos, a partir de sus conversaciones con ChatGPT, derivara en un allanamiento en su casa. Según la reconstrucción judicial, el joven había indagado en la herramienta de inteligencia artificial sobre cómo llevar adelante un ataque dentro de su colegio.

De la alerta del FBI al allanamiento en Quilmes

De acuerdo con fuentes judiciales, el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina recibió una alerta vinculada a consultas realizadas en ChatGPT que hacían referencia a un ataque en un colegio, y logró asociarla con una dirección IP y un usuario de correo electrónico localizados en Quilmes. A partir de ese dato, la Policía Federal Argentina, a través de su Departamento Federal de Investigaciones, comenzó tareas de inteligencia el 19 de agosto de 2026.

Una vez que se confirmó que detrás de esas búsquedas había un menor de edad, un fiscal subrogante de Responsabilidad Penal Juvenil de Quilmes tomó la causa y solicitó una orden de allanamiento, que se concretó el 28 de agosto en el domicilio del adolescente.

Qué se secuestró en el operativo

Durante el procedimiento, los agentes de la Policía Federal no encontraron armas de fuego ni municiones, pero sí secuestraron dos teléfonos celulares —que serán peritados para analizar conversaciones e historiales de navegación—, un gorro camuflado, dos pasamontañas, un par de gafas de protección táctica y dos pares de guantes tácticos. Esos elementos, junto con los dispositivos electrónicos, quedaron sujetos a peritajes para determinar su vinculación con el plan que se investiga.

Estado de la causa

La investigación fue caratulada como "intimidación pública" y está a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven N°1. Debido a que el joven tiene 15 años, no resulta punible penalmente según la legislación argentina, que fija la edad de imputabilidad en los 16 años. Esto no implica ausencia de consecuencias: la Justicia puede disponer medidas de protección, acompañamiento psicológico y controles en el marco de la ley de responsabilidad penal juvenil, y el adolescente será citado a declarar.

El fiscal a cargo, Alejandro De Mena, explicó que el objetivo de la intervención es adelantarse a un posible hecho antes de que se concrete, y que la causa busca determinar el grado real de planificación, evaluar el riesgo a futuro y coordinar con la familia, la escuela y organismos de protección un plan de seguimiento. Según trascendió, los padres del joven reaccionaron con preocupación y colaboraron con la investigación.

El debate sobre la IA y la privacidad

El caso reabrió la discusión sobre el rol de las empresas de inteligencia artificial en la detección de contenido de riesgo. Según su política de privacidad, OpenAI —la empresa detrás de ChatGPT— sostiene que puede revisar conversaciones para detectar y prevenir usos peligrosos, como amenazas de violencia, autolesiones o abuso infantil, mediante sistemas automatizados y, en algunos casos, revisión humana, y que puede compartir esa información con autoridades cuando detecta una amenaza grave. En el caso de Quilmes no hubo un comunicado oficial de la compañía detallando el procedimiento interno, aunque las fuentes judiciales apuntan a que la alerta se originó en esos mecanismos de detección.

El episodio también instaló preguntas sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad en el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de menores, y sobre el rol que deben cumplir las escuelas y las familias en la prevención de este tipo de situaciones.